Mediante la Sentencia T-104 de 2025, la Corte Constitucional (en adelante, Corte) pidió al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, promover la creación o adecuación de mecanismos eficaces para prevenir el acoso y la violencia de género en entornos laborales, en el marco de la implementación del ‘Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual’ contemplado en la Ley 2365 de 2024*.
Esta petición se dio en respuesta a una acción de tutela presentada por una mujer que denunció actos de violencia de género en su lugar de trabajo y fue despedida de manera discriminatoria. El alto tribunal concluyó que la empresa vulneró su obligación de actuar con debida diligencia al no contar con políticas claras para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas, conforme a lo establecido en la Ley 1010 de 2006**. En consecuencia, ordenó su reincorporación, atención en salud emocional y la adopción de un protocolo institucional con enfoque de género.
La Corte advirtió que la omisión de medidas adecuadas por parte del empleador compromete gravemente derechos fundamentales como el trabajo digno, la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencias. Asimismo, reiteró que el Estado debe actuar con diligencia para garantizar la protección efectiva de estos derechos.
Fuente INCP